
En 30 segundos
Analizamos la sentencia n.º 1670/2026 de 29 de octubre de 2026, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo (Id Cendoj: 28079110012026101655).
El trasiego de maletas a las tres de la madrugada y las fiestas improvisadas en el piso de al lado tienen los días contados si la comunidad se organiza bien.
El Tribunal Supremo ha zanjado por fin el debate de cuántos votos hacen falta para cerrar la puerta a las viviendas vacacionales en un edificio residencial.
El origen del conflicto
Una comunidad de propietarios en Orihuela Costa (Alicante) decidió que ya estaba bien.
Convocaron una junta extraordinaria en noviembre de 2019 y votaron modificar los estatutos del edificio para prohibir el alquiler turístico y vacacional.
Aprobaron la medida aplicando la mayoría de tres quintos (3/5) que permite la Ley de Propiedad Horizontal.
Y, por supuesto, a los dueños de los pisos turísticos no les hizo ninguna gracia que les cortaran el grifo del negocio.
Los propietarios que demandaron
Las empresas propietarias de ocho de esas viviendas turísticas (unas sociedades con nombres impronunciables como Rafidnadarsamand Island, Matvaela-Og-Veintingafelag Island y Fosshus EHF) no se quedaron quietas.
Contrataron abogados y demandaron a la comunidad pidiendo que el acuerdo fuera nulo.
Su argumento era muy técnico y, hasta ese momento, bastante habitual: decían que el artículo 17.12 de la LPH solo habla de “limitar o condicionar” la actividad turística, no de “prohibirla”.
Para prohibir de verdad, argumentaban, la ley exige que todos los vecinos estén de acuerdo (unanimidad, artículo 17.6 LPH).
Y como ellos lógicamente votaron en contra de prohibirse el negocio a sí mismos, consideraban que la comunidad había actuado fuera de la ley.
La Comunidad a la que llevaron al Juzgado
La Comunidad de Propietarios se defendió en los tribunales usando el sentido común y amparada en la reforma que introdujo el Real Decreto-ley 7/2019.
El legislador creó la mayoría de 3/5 precisamente para dar a las comunidades una herramienta real contra los abusos turísticos.
Exigir unanimidad significaba dar un poder de veto al propio dueño del piso turístico, lo cual hacía la norma inútil.
Ganaron en primera instancia, ganaron en la Audiencia Provincial, y aguantaron el tirón hasta el Supremo.
Lo que decidió el Tribunal
El Tribunal Supremo falló a favor de la comunidad de vecinos.
Resolvió que la mayoría de 3/5 es legal y suficiente para prohibir los alquileres turísticos.
El razonamiento es demoledor: acudiendo al diccionario de la RAE, “limitar” significa fijar hasta dónde pueden llegar los derechos de alguien.
Y la prohibición absoluta no es más que el límite máximo.
El Supremo cita el espíritu del Real Decreto-ley 7/2019, cuya finalidad era precisamente aliviar el problema del acceso a la vivienda y frenar los alquileres de corta duración que encarecen el mercado.
Si las comunidades no pudieran prohibir, la convivencia se vería alterada por actividades económicas que perturban el descanso.
Implicaciones prácticas para propietarios e inquilinos en Canarias
En Canarias, donde la presión del alquiler vacacional es tremenda, esta sentencia importa mucho.
Si vives en un edificio residencial y están hartos de las molestias, ya no es necesario el permiso del propietario del piso turístico para prohibir la actividad.
Con reunir a 3/5 partes de los vecinos y cuotas, es posible modificar los estatutos y llevarlo al Registro de la Propiedad.
Para los que invierten en pisos para explotarlos turísticamente, el mensaje es claro: antes de comprar, hay que revisar los estatutos.
Si la comunidad ya ha votado el veto, la inversión no servirá para nada.
Si tu comunidad quiere dar el paso para modificar los estatutos y asegurar el descanso, o si eres propietario y te están intentando aplicar normas retroactivas de manera ilegal, escríbenos. Podemos ayudarte con eso.
Nuestro e-mail es info@roda-abogados.com.
Si estamos hasta arriba de trabajo, te diremos quién podría echarte una mano.
¿Quién está detrás de este artículo?
Andrés Roda es el abogado responsable de este análisis y autor del libro “Mi casero, mi novia y mi contrato de alquiler”, una guía práctica nacida para desmontar los mitos del mercado inmobiliario.
Si quieres saber en manos de quién estás, conoce su trayectoria o revisa los casos de éxito y repercusión mediática que avalan su experiencia.
Preguntas Frecuentes
1. ¿De verdad mi comunidad puede prohibir que alquile mi piso a turistas si es de mi propiedad?
Sí. Tu derecho a la propiedad privada termina donde empieza el derecho al descanso y a la convivencia del resto del bloque. El Supremo ya ha dicho que tu piso no es una república independiente. Si 3 de cada 5 vecinos dicen que se acabó el trasiego de turistas, se acabó.
2. Si ya tengo el piso funcionando como vacacional, ¿me lo pueden cerrar mañana?
Depende. La ley y los tribunales suelen proteger las actividades que ya estaban funcionando legalmente antes del acuerdo de la comunidad. Las prohibiciones normalmente se aplican a futuro.
Pero ojo, que la línea es fina y los matices importan. Por eso los tribunales están llenos de gente que creía tenerlo todo atado.
4. He visto abogados que dan la primera consulta gratis, ¿por qué ustedes cobran 60 €?
Buena pregunta. Ve a los de gratis. En serio, hazlo. Siéntate en su despacho. Te dirán a todo que sí, te dorarán la píldora y antes de que te des cuenta tendrás delante un presupuesto para ir a juicio que te costará un dineral. Y a lo mejor, ni tenías caso. Nosotros cobramos 60 € por estudiar tus papeles y decirte la verdad. Si no hay caso, te vas a casa con 60 € menos, pero con miles de euros ahorrados. Si superas la prueba gratuita y quieres a alguien que no te venda humo para meterte en un pleito inútil, escríbenos.




