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Analizamos la Sentencia n.º 320/2020, de 10 de julio, dictada por la Sección 6 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Id Cendoj: 36057370062020100308 (puede descargar aquí la sentencia):
La Audiencia Provincial de Pontevedra desestimó el recurso de apelación interpuesto por la propietaria contra el inquilino en relación con la reclamación de daños en una vivienda. El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia, que había fallado parcialmente a favor de la propietaria, pero no en cuanto a los daños reclamados por humedades. La decisión se basó en que la propietaria no pudo probar que esos daños fueran responsabilidad del inquilino.
La postura de la parte demandante
La propietaria de la vivienda interpuso una demanda contra el inquilino, quien había ocupado la vivienda en virtud de un acuerdo previo. La propietaria alegaba que el inquilino había incumplido su obligación de realizar pequeñas reparaciones derivadas del uso ordinario de la vivienda, de acuerdo con el artículo 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Concretamente, reclamaba una indemnización por los daños causados por humedades, incluyendo la reparación de grietas, pintura y saneamiento.
La postura de la parte demandada
El inquilino argumentó que los daños reclamados, relacionados con humedades, eran consecuencia de problemas estructurales preexistentes en la vivienda, como grietas y fisuras generalizadas. Sostuvo que estos daños excedían el desgaste normal derivado del uso ordinario y, por lo tanto, no eran de su responsabilidad.
La decisión judicial
La Audiencia Provincial, tras analizar el recurso de apelación y la sentencia de primera instancia, confirmó esta última. El tribunal consideró que la propietaria no había logrado demostrar que los daños reclamados fueran imputables a un uso negligente o inadecuado de la vivienda por parte del inquilino. La sentencia concluyó que las humedades y los daños asociados eran, con mayor probabilidad, resultado de problemas estructurales previos a la ocupación por parte del inquilino.
Normativa y jurisprudencia aplicada
Artículos citados
Artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Regula la alegación de infracción de normas o garantías procesales en el recurso de apelación.
Artículos 338.1, 339.1 y 265.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Establecen las reglas para la proposición y práctica de la prueba pericial en los procesos civiles.
Artículo 460.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Permite a las partes solicitar la práctica de pruebas en segunda instancia, en el marco del recurso de apelación.
Artículo 21.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos: Establece que las pequeñas reparaciones necesarias por el desgaste derivado del uso ordinario de la vivienda son responsabilidad del arrendatario.
Artículo 370 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Regula la figura del testigo-perito, que puede aportar conocimientos especializados en un proceso judicial.
Artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Establece las reglas para la imposición de costas en los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación.
Artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Contiene las reglas generales para la imposición de costas en los procesos civiles.
Sentencias citadas
Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre de 2012: Aborda el deber de motivación de las sentencias judiciales y su importancia en el marco del Estado de Derecho.
Sentencia 54/1997, de 17 de marzo, del Tribunal Constitucional: Analiza el concepto de motivación de las sentencias y su relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.
Sentencia 191/2011, de 12 de diciembre, del Tribunal Constitucional: Reitera la importancia de la motivación de las sentencias y su conexión con la garantía de una aplicación no arbitraria de la legalidad.
Sentencias del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2007 y 25 de marzo de 2013: Establecen que la discrepancia con los razonamientos de una sentencia no implica necesariamente una falta de motivación.
